La Hoja Federal

por qué NO votamos la Reforma Impositiva
Qué propusimos como alternativa
Por el Diputado Nacional César Albrisi

En la actual coyuntura económica caracterizada por la recesión, el estrangulamiento impositivo y el desempleo, resultaba contraproducente asignar el costo del ajuste fiscal requerido, nuevamente, a las empresas y ciudadanos de todo el país. En este sentido, el ajuste fiscal necesario para retrotraer el déficit a 4.500 millones anuales, para observar la recientemente sancionada Ley de Responsabilidad Fiscal, debió lograrse mediante dos vías. Primero la reducción de gastos de 1.400 millones que había planteado el Poder Ejecutivo y en segundo término, 2.600 millones adicionales que debían obtenerse, ya sea incrementando la carga impositiva o sin hacerlo, llevando adelante políticas que más adelante explicaremos.
La propuesta del Bloque de Acción por la República en primer término, y dada la dinámica de las transferencias a provincias reseñada, propugnaba retener 100 millones de pesos mensuales de las transferencias automáticas destinadas a las provincias que no provienen de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Esto redundaba en un monto de 1.200 millones de pesos por año que se destinaría a financiar el Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta completarlo, y el excedente se destinaba a un Fondo de Garantías del Endeudamiento Provincial.
En segundo lugar, y como instrumento tendiente a reducir los niveles de evasión impositiva, esta iniciativa contemplaba un capítulo que preveía la bancarización de las operaciones financieras. Se estimaba que el efecto de esta medida, y del mayor nivel de actividad resultante por no incrementar los impuestos serán de 900 millones de pesos anuales.
Finalmente, el hecho de basar el cierre fiscal en una mejora en la eficacia del gasto público en todos los niveles de gobierno, evitando de ese modo los efectos adversos sobre la competitividad y el estrangulamiento impositivo, generarán una caída inicial del riesgo país y una salida más rápida de la recesión. Este efecto evitaba gastos de intereses por el endeudamiento estimados en 500 millones de pesos anuales.

Sumando los 1.200 más los 900, más los 500 millones de pesos estaban los 2.600 millones sin necesidad de una nueva carga impositiva.
Obviamente, nuestra propuesta no fue votada y hoy todo el mundo conoce que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el paquete impositivo como política de equilibrio de los recursos del Presupuesto General de la Nación.
En síntesis, los 2.600 millones necesarios para equilibrar el Presupuesto con la ley de déficit cero, podía obtenerse ya sea por vía del "impuestazo" o de políticas de ajuste de las burocracias provinciales y/o municipales, otros recortes y reformas financieras y bancarias. Como es claro, nos decidimos por esto último. El cierre de la brecha fiscal, sin embargo, debió lograrse imponiendo los menores efectos adversos sobre la competitividad de la economía, y además, teniendo en consideración cual ha sido el desarrollo fiscal de los últimos años.
En este sentido, una parte preponderante del deterioro en las cuentas públicas se explicaba por al evolución dispar del nivel del gasto público entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales. Efectivamente, en oportunidad de firmarse el "Pacto Federal para el Empleo, la producción y el Crecimiento" en agosto de 1993 las Provincias se comprometieron a que, si la recaudación impositiva crecía de tal modo de llegar aun monto a distribuirse entre las mismas de 800 millones por mes, destinarían el excedente a la cancelación de deudas o a la realización de erogaciones de capital y financiamiento de programas de reformas.
Este compromiso provincial fue incumplido y los niveles crecientes de recursos que recibieron las Provincias no se destinaron a esos fines sino, por el contrario, se orientaron a financiar niveles crecientes de gastos corrientes. Además, el endeudamiento provincial creció sensiblemente reflejando el desborde de los gastos (Cuadro 1).

El aumento del déficit fiscal se explica, en una parte relevante, por el incremento en el gasto destinado a las Provincias y al incumplimiento provincial del Pacto de 1993; por otra parte, el incremento en el pago de intereses de deuda es una consecuencia de los desequilibrios fiscales.

Efectivamente, el Gobierno Nacional consiguió contener el gasto, especialmente el gasto previsional que implicó como muestra el Cuadro 2, que las prestaciones previsionales sin incluir las cajas provinciales transferidas permaneciera prácticamente constante entre 1994 y 1999. Esto se logró mediante la Ley de Solidaridad Previsional e implicó un gran sacrificio de los jubilados y pensionados nacionales.

Mientras la Nación y los jubilados y pensionados realizaban estos esfuerzos, el conjunto de gobiernos provinciales incrementó su recepción de transferencias del Gobierno Nacional en más de 4.000 millones de pesos entre 1994 y 1999 como lo evidencia el Cuadro 3.

No obstante, los Diputados del Bloque de acción por la República, ratificamos con nuestro su voto el Compromiso Federal suscripto en la ciudad de Buenos Aires el 6 de diciembre de 1999, en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en el marco de la reunión de Gobernadores en ejercicio, Gobernadores electos de las Provincias y el Jefe de Gobierno Nacional electo, ya que los acuerdos fiscales son de antigua tradición cavallista y aunque no pudimos imponer nuestras cláusulas transitorias nos parecía indispensable respaldarlo.
Tampoco pudimos imponer nuestra propuesta legislativa del Uso Generalizado del Dinero Bancario que en definitiva puede explicarse de la siguiente manera: "Si las obligaciones fueren de dar sumas de dinero, excepto para las operaciones de menor cuantía que determine la reglamentación, éstas se cancelarían exclusivamente mediante la acreditación de la cantidad y especie de moneda que constituye el objeto de la obligación en una cuenta abierta en una entidad financiera a nombre del acreedor. La entrega de dinero que no tenga lugar en la forma indicada precedentemente no extinguiría la obligación".

Siempre estimamos que ni en la Nación ni en las Provincias deben crearse ni incrementarse los impuestos porque la capacidad contributiva de los ciudadanos y empresas de una provincia o de la Nación tiene un límite, más allá de cualquier legislación que se cree o que se pretenda imponer.
Votamos en contra de la nueva carga impositva porque creemos que los que pagan ya han llegado a ese límite y que ahora corresponde mejorar las gestiones y ampliar la base que contribuye impositivamente. Como siempre, así de simple.

UNA CIUDAD PARA TODOS
BARRERAS ARQUITECTONICAS Y CULTURALES
Por Marcelo D'Alotta

Todos los discapacitados motrices que se mueven por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires saben de los problemas con que se enfrentar? al salir de sus casas por la falta de consideración de algunos proyectistas, arquitectos, constructores y el propio Gobierno que no hace los controles, ni mucho menos aplicar sanciones por la falta de cumplimiento de normas municipales y nacionales.
Accesos con escaleras sin la rampa correspondientes, ascensores tan pequeñas que no entra ni un cochecito de bebé, baños públicos en primer piso sin ascensor y medios de transporte inadecuados, son algunas de las mal llamadas "Barreras arquitectónicas" para convertirse en "Barreras sociales" que convierten muchos lugares en exclusivos para los que caminan, y bien; ya que no se dan cuenta que una persona mayor o con muletas o bastón, o simplemente una madre con el carrito de un niño es casi tan discapacitado como una persona en silla de ruedas.
Aunque parezca utópico, muchas personas no quieren las rampas porque piensan que no es estético y afea la entrada de los edificios ("es real aunque Ud no lo crea", como era el título de un programa de televisión), pero una vez construidas las utilizan.

Por todo esto me inclino a escribir que no solo se trata de barreras arquitectónicas, ya que tenemos una excelente legislación, pero no la hacemos cumplir; esto, sumado a organismos de contralor que mienten ya que siendo consultados, informan que las estructuras edilicias de los organismos públicos está un 70% adecuadas.
Debemos tener la mente un poco abierta a los problemas y copiar lo bueno de afuera, mirando países del primer mundo que tienen todo esto en cuenta; no es solo sentido de respeto a grupos de personas con movilidad reducida sino también miedo al miedo de sanciones por su incumplimiento, y por qué no a la parte comercial, ya que también son clientes que compran por lo tanto hay que tenerlos bien en cuenta.
No existen diferencias considerables en los costos de construcción cuando se planea bien y se tienen ganas de construir edificios funcionales para toda la población, porque nadie sabe si mañana estará en una silla de ruedas.

señores Arquitectos, Constructores, funcionarios de los organismos de habilitaciones pongámonos las pilas para pensar y accionar de la misma forma, tirando todos para el mismo lado y dando ejemplos positivos, sin discriminar a grupos minoritarios. Derribemos formas de pensar o esas barreras sociales que muchas veces ponemos nosotros los porteños.

Dejó de ser un peligro potencial... ahora es real.
Otro luctuoso despiste de alta velocidad
Un avión DC-10 de la línea aérea cubana, por razones que desconocemos no pudo frenar a tiempo y prosiguió con su carreteo más allá de la cabecera opuesta de la pista de aterrizaje, saliendo de los límites del aeropuerto de Guatemala el día de ayer.

Una vez más, un despiste de alta velocidad produjo un desastre, en este caso las víctimas fatales hasta el momento son diecisiete, de las cuales ocho eran habitantes de un barrio que se encuentra en la prolongación de la trayectoria de la pista de aterrizaje, donde el aparato detuvo su vertiginosa marcha. Al momento de escribir estas líneas se contaban más de setenta heridos en tierra.
Los accidentes debieran sentar precedentes, para ello existen juntas de investigación, las que informan a los organismos reguladores de la actividad, y estos evalúan la necesidad de adecuar las instalaciones en tierra y los dispositivos de seguridad en vuelo.
Obviamente, los accidentes de este tipo, no sirvieron para formar argumentos científicos de prueba y error tales que, obliguen a las autoridades correspondientes a retirar los obstáculos de los umbrales de las pistas de aterrizaje.
Salvando las diferencias de los motivos que provocaron las tragedias, lo que hasta hace pocos años configuraba un peligro potencial, ahora comprobamos que es un peligro real. Me refiero a los obstáculos que se encuentran en la mayoría de las prolongaciones de las pistas de aterrizaje en todo el mundo.
El caso que más no toca de cerca, por la concentración edilicia y el valor de los terrenos circundantes, es nuestro Aeroparque Jorge Newbery. En este caso, negocios motivados por razones que avergonzarían al más descarado, basadas en el costo de oportunidad de los terrenos comparados con las potenciales víctimas de una operación frustrada, hacen que el peligro de mantener estorbos en lugares estratégicos a costa de dichas vidas, sea económicamente viable. De otro modo, a partir del fallido despegue del LAPA 3142 del 31 de Agosto pasado, las autoridades hubieran ordenado inmediatamente quitar los obstáculos de la prolongación del final de la pista con Dirección de 129º (13), estos son una casilla de la Prefectura Naval, un monolito del año orgulloso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la marquesina de entrada del complejo Costa Salguero y la imprudente ubicación de un restaurante en los links de golf, que en las llamadas horas pico de tráfico aéreo, coincide con la afluencia de aproximadamente trescientos comensales que, sin saberlo, son potenciales víctimas de ser arrollados por lo que hasta hace poco tiempo era un peligro en extremo remoto.
Claro está que, para evitar que un avión siga su curso hasta detener la marcha sobre ese restaurante, en caso de producirse un problema de frenado en el aterrizaje o un fallido despegue; el predio cuenta con una trampa fatal: un terraplén de un par de metros de altura que divide el terreno del Driving Range con la entrada del Complejo Punta Carrasco.

Este estorbo y el tubo de gas que sopleteó el liviano fuselaje del Boeing 737, LV-WRZ en Agosto pasado, me animo a considerar que fue la causa de que dicho accidente se haya convertido en tragedia. De no haber existido esa trampa mortal, seguramente los pasajeros hubieran salido con bien, pero distinta hubiera sido la suerte de los comensales que ni siquiera hubieran advertido que el bólido de más de 78 toneladas los arrasó en medio segundo.

Esto nos pone en una disyuntiva... Decidir si queremos salvar la vida de los inadvertidos comensales de un restaurante ubicado allá por temeraria negligencia de las autoridades en detrimento de la vida de eventuales pasajeros de un posible despiste; o velar realmente por los derechos humanos y quitar los obstáculos para asegurarnos de que la fatalidad estadística de uno en 112 millones de posibilidades de error como el experimentado allá no se cobre nuevas víctimas.

Por Gustavo P. Forgione

El accidente en otros medios
	Análisis del accidente (En inglés)	Aviation Safety Network
	Se despistó en Guatemala un avión de pasajeros: 13 muertos	La Nación
	Un avión cayó sobre un barrio...	La Gaceta de Tucum?