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La figura del
indulto presidencial está
presente en nuestra legislación desde los comienzos
mismos de la Nación. Ya la Comisión Especial que redactó los ensayos en
1812, en el proyecto de la Sociedad Patriótica; en el Estatuto
Provisional de 1815; en el Reglamento Provisorio de 1817; en la
Constitución de 1819; en el proyecto de Pedro de Angelis de 1852; y en el
proyecto de Alberdi agregado a la segunda edición de "Las
Bases", que es el origen de la Constitución Nacional del 1º de Mayo
de 1853 (1);
figuraban, no como una facultad ordinaria
para aplicar justicia desde el Poder Ejecutivo, sino como una medida solitaria y absolutamente
unilateral, tomada con exclusividad por el presidente.
La Reforma
Hasta 1994 no
había limitaciones para la aplicación del indulto presidencial; desde la
reforma de ese año se le quitó al presidente la atribución de indultar
sólo a quienes atentaren contra el orden institucional y el sistema
democrático, desde su sanción. La Asamblea Constituyente no se animó a insertar
textualmente esta restricción a su facultad en el 5º inciso del
artículo 99 que describe las atribuciones presidenciales, sino que la
agregó en el artículo 36 que encabeza los "Nuevos Derechos y
Garantías".
El espíritu
Revisando los
debates del 19 de agosto de 1994 de la Convención Nacional Constituyente,
cuando se trató la reforma del anterior artículo 86, actual 99, surge que no hubo intento alguno de insertar estas reformas entre las
atribuciones del Poder Ejecutivo, sólo se observa una anécdota de un ex
fiscal sobre un planteo de inconstitucionalidad a los indultos previos,
pero ello obedeció exclusivamente a un comentario sobre el miedo que padecen
los fiscales al desobedecer una orden de silencio del Poder Ejecutivo.
Afortunadamente,
los
 constituyentes
advirtieron la necesidad de incorporar, en la letra misma de la
Constitución, artículos que obliguen a su constancia, sustento y
restablecimiento en el caso de que se inter-rumpiere su observancia por la
fuerza.
Por ello, en el artículo 36, establece explícitamente la defensa del orden
constitucional y del sistema democrático, y todos aquellos que actúen en
actos de fuerza contra ellos, serán infames traidores a
la Patria.
En éste
sentido, agrega que estos quedarán "inhabilitados a perpetuidad para
ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la
conmutación de penas."
Éste párrafo sí
restringe la atribución presidencial del indulto, y quedó plasmado así en
la Constitución a partir del año 1994.
La Aplicación
Desde ese
momento es entendible que los indultos presidenciales posteriores
estarían sujetos a este pequeño pero contundente grupo de palabras.
Lamentablemente,
pocos años después ocurrió todo lo contrario.
En 2003, el
presidente interino Duhalde emitió un decreto
de indulto con número 1229/2003, el que concluye con el
siguiente considerando: "Que el artículo 99, inciso 5, de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL otorga al PODER EJECUTIVO NACIONAL la facultad de
conceder indultos y conmutar penas."
En el caso
particular de éste arbitrario e ilegal decreto presidencial de indulto
que olvidó citar las restricciones constitucionales incluidas hacía ocho
años, el beneficiario murió en libertad y trabajando para el gobierno
del presidente Kirchner. La insanable nulidad del acto, prevista en el
primer párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional no puede
aplicarse porque el condenado dejó de existir, pero debería contemplarse
una pena para quien consumó y permitió dicho acto.
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El único
beneficiario del decreto
1229/2003 fue Enrique Gorriarán Merlo, sus trágicas
fechorías contra gobiernos democráticos en nuestro país se encuadran perfectamente
y sin ninguna duda o capacidad de interpretación, en los delitos
contemplados en el artículo constitucional referido, por los
que fue enjuiciado y condenado. Ello sin mencionar los homicidios y
magnicidios de corte cinematográficos perpetrados por el mundo, que él
mismo comentó orgulloso mientras estaba preso, ya que esos no serían
delitos contra el orden institucional y el sistema democrático argentino, por más
aberrantes que fueran.
Los Principios
Los
decretos de indulto previos a la reforma
constitucional de 1994 no gozan de las
previsiones del artículo posteriormente reformado, ya que, con la
legislación ante-rior, no se trataría de
una medida judiciable porque la naturaleza de su decisión era
estrictamente política y no observaba ninguna restricción.
El
indulto remite su origen al "Poder del Príncipe", quien decide esta
cuestión en sole-dad y con la parcialidad que le dicta su conciencia.
"Cuando
el presidente otorga un indulto no se arroga el conocimiento de una causa
en trámite ni emite juicio sobre la culpabilidad del imputado. Se limita a
ejercer una prerrogativa con fines políticos, teniendo en cuenta que las
penas a que hace referencia la Constitución son las previstas por la ley y
no, necesariamente, las que los jueces aplican."
(2)
No obstante la doctrina,
la claridad de los artículos 99 y 36 y el artículo 18 de la misma
Constitución Nacional, en su capítulo "Declaraciones, derechos y
garantías", que plasma el principio de irretroactividad de las normas; la
Cámara Federal pisoteó y desentendió la
legislación al anular, hace unos días, algunos decretos de indulto
firmados previamente a la reforma de 1994.
La
justicia sólo puede anular los indultos
que se opongan a lo previsto en los artículos 99 y
36 de la Constitución Nacional importando el aspecto temporal del acto; de
otro modo, la Cámara Federal sólo contribuye a aumentar la inseguridad
jurídica que, de seguir su camino, se hará costumbre y quedará plasmada en
nuestra doctrina.
La Excusa
Ante el
argumento basado en que, de algún tratado internacional a los que adhiere
nuestra Constitución surge que determinados indultos se contraponen
manifiestamente en su texto o espíritu, contra su substancia; siempre prevalecerá
el principio constitucional argentino. La resolución de una eventual
contraposición será determinada por el principio
señalado en el
artículo 27, que indica que dicha relación debe estar "en
conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta
Constitución.".
Para su
modificación, el ámbito de discusión serán los foros internacionales,
únicamente a fin de adecuar el tratado en discordia a nuestra norma fundamental o,
una
reforma constitucional declarada por el Congreso con el voto de dos
terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por
una Convención convocada al efecto, acorde con lo previsto en el
artículo 30.
Toda otra
interpretación de la Cámara Federal es una intromisión del Poder
Judicial en una función legislativa que le corresponde a otro poder.
Finalmente, el
artículo 28 de la Constitución Nacional establece que los principios,
garantías y derechos reconocidos por ella, no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio; por lo que nuestra Constitución
demuestra ser sabia y prevé, mediante sus mecanismos, las eventuales
intrusiones que responden a obsecuencias de turno.
Gustavo P.
Forgione
gustavo@forgione.com.ar
Vicepresidente II - Partido Federal
Capital Federal
Vínculo a la
Constitución
de la Nación Argentina
(1) - "Los
indultos que no fueron" - Calogero Pizzolo - LA LEY 21/04/05
(2) - Caso "Aquino" - Fallos CSJN 315.2422
(Argumento de la mayoría)
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ese
ambiente hostil, abas-teciendo con toneladas de alimentos, combustibles y
dotaciones a las seis ba-ses permanentes y siete temporarias que nuestro
país tiene en la Antártida.
adecuada,
profesionalismo y la aplicación responsable de los esca-sos recursos, las
metas más ambiciosas se pueden alcanzar, aún para un país tan fragmentado
como el nuestro.
El
proyecto prevé el avasallamiento del Poder Ejecutivo Nacional por sobre
el de la entidad au-tónoma, agregando a su función primaria y funda-mental
de "preservar el valor de la moneda", la de "sostener un
alto nivel de actividad, máximo em-pleo de los recursos hu-manos y
materiales dis-ponibles, en un contexto de expansión sustentable de la
economía."
trabajo
y de economía.
tratar
y aprobar este proyecto, y en un par de
semanas más se llevará a la Cámara para su votación en el recinto.
Asamblea
a fines de 2001.
