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Por algún motivo de difícil
entendimiento, una Ley de la provincia de Buenos Aires cambió la denominación
del "Proceso de Reorganización Nacional" por el de "dictadura cívico-militar" y
fijó el número exacto e inequívoco de 30.000 para la cantidad de desaparecidos
entre el 24 de marzo de 1976 y en 10 de diciembre de 1983, estas son exigencias
forzadas para los funcionarios provinciales, que deberán referirse en esos
términos al período histórico determinado y al resultado estrictamente
matemático de los desaparecidos en ese período.
Resulta una medida novedosa,
tanto por el cambio de denominación de un proceso histórico asentado en normas,
libros, reportajes de diarios, revistas, radio y TV, en sus distintos formatos y
soportes, lo que hará difícil establecer de qué se está hablando en el resto de
los estados provinciales de la República Argentina, donde el conocimiento de la
historia y su investigación aún son respetados, sin cambios imperativos en las
denominaciones de los hechos, más aún, si estos responden a una tendencia
política de un momento determinado; tanto como para la determinación exacta de
un número icónico como si fuera cierto.
Como fundamento, su autor, el
legislador Díaz Pérez indicaba que “No podemos permitir que aún hoy, en actos
públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia
se pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo esos años, o
minimizando su impacto, en lo que constituye un verdadero negacionismo”.
¿Acaso
cambiar el nombre de un momento de la historia modificará su efecto en la
memoria de los ciudadanos bonaerenses?
¿Creerá
el legislador que denominar "dictadura cívico-militar" al "Proceso de
Reorganización Nacional" o "dictadura militar del '76" resultará más definitorio
de la trágica realidad para quien conoce o ignora lo ocurrido entonces?
¿Sabrán
los ciudadanos del resto del país a qué se refieren los funcionarios obligados
por el rigor de la ley de llamar "dictadura cívico-militar" al gobierno
experimentado entre 1976 y 1983, o los bonaerenses deberán agregar palabras como
"Proceso", citar las fechas o agregarle el nombre de sus protagonistas, para ser
interpretados por el resto de los argentinos que no están sometidos al rigor de
esta Ley?
La respuesta a estos
interrogantes son de difícil resolución ya que, de referirse de otro modo a ese
hecho histórico, los funcionarios desacatados podrían ser condenados de algún
modo por no cumplir con estos preceptos en extremo absolutos.
Es lamentable que, luego de
tantos años de democracia llevada adelante desde hace casi dos siglos, con las
interrupciones conocidas desde 1930 hasta 1983, exista una norma tan retrógrada,
que establezca nombres nuevos para hechos conocidos y, peor aún, que determine
un número arbitrario y obviamente inexacto para la cantidad de víctimas de una
tragedia, sólo porque es un número entero, sostenido religiosamente por un
sector organizado de los ciudadanos.
Más aún, los funcionarios
quedan obligados a citar la estricta definición "dictadura cívico-militar" y la
cifra de "30.000", junto a la palabra "Desaparecidos", en cuanto acto público se
haga referencia a lo ocurrido entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre
de 1983.
Más allá de lo poco práctico
que implicarán las exposiciones de los funcionarios obligados por esta
disciplinada norma, resulta un retroceso grave en la libertad de expresión que,
luego de esta ley, restringe la forma y el modo de expresarse de quien se
refiera a un hecho histórico ocurrido durante ese lapso.
Es entendible que haya
legisladores que necesiten que su nombre figure al pie de una norma tan
recalcitrante, debido a alguna cuestión de egolatría pero, esto puede tolerarse
cuando la norma es intrascendente, no cuando exige que los ciudadanos crean
determinada cosa y la repitan taxativamente y de un modo tan categórico.
El Nunca Más y los 30.000
Ante la inexplicable polémica
en torno de la cantidad de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización
Nacional, cabe destacar que, en algún momento se estableció la cifra de 30.000
desaparecidos, con el fin de hacer entender al mundo que en nuestro país se
estaba secuestrando y asesinando gente, desde el Estado, por su accionar
político.
Esa cifra y su difusión, fue
la bandera que permitió dar a conocer a propios y ajenos los trágicos sucesos,
luego se generó la creación de la comisión que dio por resultado el "Nunca Más"
y la aplicación de justicia a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad.
Así, los magistrados
argentinos llevaron a juicio a los culpables, investigaron a todos y cada uno de
los perpetradores de esos delitos y, con esa información, sumada a la
proporcionada por la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas
establecieron un número de detenidos, desaparecidos, reaparecidos, caídos en
combate y asesinados en una cifra inicial de 8.960.
Se entiende al "Nunca Más"
como el único resultado oficial de la investigación de la comisión ad hoc
y exclusiva, el que en la parte pertinente indica lo siguiente:
"La CONADEP formó 7.380 legajos,
comprensivos de denuncias de
familiares de desaparecidos,
testimonios de liberados de los
centros clandestinos de detención
y declaraciones de miembros de las
fuerzas de seguridad que intervinieron
en el accionar represivo"...
A ello se le suman las
inspecciones in situ de la Comisión, la información provista por las FF.AA. y de
Seguridad y de diversos organismos públicos y privados.
No es difícil entender que el número
de 30.000 fue una bandera y que,
al hablar de cantidad, el número oficial
arroja aproximadamente 8.000.
Luego, el régimen
kirchnerista reeditó en 2006 el "Nunca Más" original, modificó el prólogo de
1984 escrito por Ernesto Sábato, al cual Ernesto Mattarollo, subsecretario de
Derechos Humanos de entonces justificó tal agresión al texto, indicando que
"en el prólogo histórico de la Conadep había un intento de justificación del
terrorismo de Estado".; según indicó al periódico Página 12.
También agregó datos sobre
centros de detención, estableció otro número a la cifra de desaparecidos, lo que
trajo otra novedad a los datos previos y acomodó el texto al pretendido por ese
modelo regente.
Nunca Más
El prólogo del "Nunca Más"
redactado por Ernesto Sábato concluía con estas palabras:
"Se
nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos
que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el
terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de
ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado
siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas.
Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte
corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de
otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo
anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no
desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver
cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y
revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que
enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel
terrorismo.
Las grandes calamidades
son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar
iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella
puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura
humana. Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria
se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo
civilizado".
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Bochornosa devaluación
Como si la existencia de
desapariciones forzadas y homicidios por parte de un gobierno no fueran una
tragedia imposible de digerir, vemos que, a través del tiempo y, dependiendo de
quién interprete los números fríos, las cifras se fueron tornando de forma
vergonzosa, como si ello no se hubiera tratado de desgracias personificadas por
seres humanos.
Así en determinaos
momentos, personajes como Miguel Bonasso, ideólogo terrorista y protagonista de
los años de plomo en nuestro país, hace cálculos matemáticos para llegar a una
cifra de 11.471, pero agrega que el número de "los sagrados 30.000" no se mueve.
Oportunamente, un informe
proveniente de Washington, DC, más precisamente producido en Lagley, Virginia,
también en EEUU, basado en otro informe del espía Enrique Arancibia Clavel de la
inteligencia chilena DINA, indicó que el número de desaparecidos y asesinados
entre 1975 y 1978 se estimaba en 22.000.
Estela de Carlotto fue más
allá, siendo la
 única
en superar el hito de los 30.000 al indicar: “Nosotros manejamos esa
cifra de 30.000 porque los propios genocidas la llevaron a 45.000. Todavía
estamos recibiendo denuncias de nietos que nacieron en cautiverio porque
hay personas que se están animando ahora a contar la verdad".
Desde la Secretaría de
Derechos Humanos de la era kirchnerista, Martín Fresneda, hijo de desaparecidos,
creó el “Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado”, que llevó ese
número a 6.348 desapariciones forzadas más 952 personas asesinadas sin
desaparición previa, lo que arroja un número de curiosas cifras redondas de
7.300, casi coincidente con el informe oficial previo, pero con 80 desaparecidos
y asesinados menos.
Claudio Avruj, también desde
la Secretaría de Derechos Humanos, basado en el informe de Fresneda, presentó el
número de 6.348, que luego aumentó a 7.010, más 1.561 homicidios desde 1973
hasta 1983.
Una de las personas más activas y serias
en estudiar la cuestión desaparecidos fue
Graciela Fernández Meijide, quien perdió
a un hijo de 17 años por parte del
gobierno militar y fue miembro de la
CONADEP, en 2009 indicó que
los muertos por el terrorismo de estado
fueron 7.954, según la documentación oficial
recabada entonces, desde la
Secretaría de Derechos Humanos.
¿Por qué el número de 30.000?
Un día apareció un tal, Luis
Labraña, terrorista montonero arrepentido, quien en un reportaje realizado por
“El Espejo”, un medio de la provincia de Jujuy, el viernes 18 de octubre de 2015
y confesó: “yo inventé que fueron 30.000 los desaparecidos”,
indicando que habría sido una cifra tirada al azar por él mismo para que la
represión en Argentina fuera reconocida como genocidio por los organismos
internacionales, y que les permita hacer un supuesto negocio por las
indemnizaciones que cobran las víctimas del golpe de estado que involucra lavado
de dinero y agregó:
“Inventamos lo de 30.000 desaparecidos
para obtener subsidios de Holanda,
Inglaterra, Francia, Italia ,España,
y otros países.
En el reportaje de 2015, el
ex montonero concluye: "Yo tengo el original de esa época, una carpeta que
trajeron a Holanda con 3.800 personas supuestamente desaparecidas o muertas y
después fue elevado a 30.000".
"Todo
eso se sigue mintiendo, mintiendo. Cuando las madres se dividieron eso se
ocultó, porque si no mermaban los subsidios del estado a esa ONG, que además le
daba una partecita a Madres de Plaza de Mayo, porque era también un negocio de
la ONG. También en eso hicieron negocios los europeos. La ONG cobraba una
cantidad de dinero y el 15% era para las madres".
Hurgando más sobre el número
de 30.000, e intentando recabar datos de fuentes que nos den un indicio del
caprichoso número, surge un discurso del propio Jorge Rafael Videla, quien en
1977 aludió:
“Hay
varias razones esenciales: han desaparecido por pasar a la clandestinidad y
sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión las eliminó por
considerarlas traidoras a su causa; han desaparecido porque en un
enfrentamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado
hasta resultar irreconocible".
“Y
acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos durante la represión.
Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las gobernamos
nosotros. Y es de esta última de la que nos hacemos responsables: el Gobierno ha
puesto su mayor empeño para evitar que esos casos puedan repetirse”...
Luego en 2001 en un reportaje
ante al periodista María Seoane, el ex presidente de facto sostuvo: "La
sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiera bancado los
fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en
Rosario, y así hasta cinco mil, diez mil, treinta mil".
No existe duda de que hubo
desaparecidos y nadie en su sano juicio lo negaría, ya que aún quienes los
provocaron aceptan esa tragedia, pero es despreciable agrandar un número sobre
esta desgracia, porque el hecho de pensar que, si fueran más, sería mayor la
culpa de quien perpetró los crímenes, lo que implica una pobre devaluación del
valor de la vida. En otras ciencias, sería equivalente a mentir en los datos de
inflación y pobreza, para que los poco leídos crean que con esos datos se está
mejor.
Números y religión
Sabemos que los números
responden a mensuras y a la expresión de una cantidad respecto de la unidad;
cuando el conocimiento sobre una cantidad es insuficiente, podemos estimar un
dato aproximado, con ello podemos obtener una idea de tal mensura con un error
aceptable, caso contrario, toda especulación posterior será errónea.
Imaginemos que comience a
girar popularmente un número aproximado de la deuda pública externa y que éste
difiera sensiblemente del que arroja la contabilidad oficial... a nadie en su
sano juicio se le ocurriría dictar una norma que obligue a los ciudadanos a
repetir dicho número; sea real o falso.
Claramente, este razonamiento
no aplica cuando tratamos con tragedias personales, ya que su simplificación
sería irrespetuosa para con quienes padecieron una angustia.
¿Por
qué motivo alguien podría pensar que aumentar o reducir el número de tragedias
personales reduciría la tragedia en sí?
Toda estimación desmedida,
será creída por quienes así lo deseen, tal como ocurre con las religiones. Lo
que el terrorista Miguel Bonasso denomina "los sagrados 30.000", no responde a
números reales, aún cuando él mismo sabe que está engañando a quienes ignoran
los números reales.
Toda afirmación del estricto
número cautivo, sin aceptar un número mayor y, menos aún, uno más reducido,
responde a una rígida imposición estrictamente religiosa.
Todas las religiones son
respetables, siempre que no interfieran con la libertad del resto de los
individuos que creen otra cosa; en el caso de los 30.000, se trata de un
capricho impuesto por un grupo y que debe ser aceptado por los ciudadanos
bonaerenses sin la posibilidad de pensar por sí y, menos aún, investigar la
verdad.
El autor de la ley provincial
sentenció: Los discursos negacionistas hacen renacer el dolor de las víctimas
y familiares, renovando las humillaciones de los sobrevivientes. El
cuestionamiento del número de víctimas y el uso de eufemismos para referirse a
procesos históricos son los argumentos prototípicos”.
El autor de la ley equivoca
la letra y el espíritu de su pensamiento, y lo impone como si se tratara de la
Torah, la Biblia, el Corán, el Talmud y cualquier otro libro sagrado que obliga
a sus fieles a someterse a un dogma sólo por la razón de que está allí escrito,
y condena a quien piense libremente, investigue, persiga la verdad y el
conocimiento, y a quien no se someta a sus preceptos sagrados.
Es deplorable que en el Siglo XXI
una Ley de la provincia de Buenos Aires
someta a sus ciudadanos a un credo,
so pena de ser catalogados de herejes.
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