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Bandera Argentina


Año 14 - Número 136

República Argentina,  17 de Mayo de 2012

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Sumario:

Ante la expropiación de las acciones de YPF - Soberanía mal entendida - Por Gustavo P. Forgione



Ante la expropiación de las acciones de YPF - II

La ilusión de la empresa estatal y nacional

y la mística de ser empresarios por portar un DNI

Desde estas letras, resulta difícil explicar el motivo que puede llevar a un legislador al hecho de apoyar la privatización de una empresa estatal y luego de algunos años, explicar el proceso inverso, con la misma cara de importancia que lo hizo al principio.

Más difícil aún, resulta creerle a los representantes que lo hacen desde sus bancas, cuando de sus argumentos se rescatan las frases "momento histórico", "misión patriótica" y otras, como "lo hago por mis convicciones"... todas ellas expresadas con el mismo énfasis en situaciones opuestas.

Tratando de buscar alguna razón válida que nos haga entender objetivamente los reales motivos de lo que, inicialmente parece una incoherencia inaceptable, un discernimiento "casi científico" nos indicará que existe un poder de convencimiento muy eficaz de parte del poder ejecutivo del momento en que se trate cada tema, sin importar el fondo de estos.

Ese convencimiento puede hacerse valer por varias motivaciones que van, desde el descubrimiento de nuevas razones que antes ignoraba, por la conveniencia oportuna dentro de una coyuntura dada, por el cambio de la corriente intelectual que algunos definen como paradigma, por la simple razón de que el legislador sigue los lineamientos ordenados desde el otro poder o porque éste se hace partícipe de algún beneficio personal al vender su decisión al mejor postor.

En cualquiera de los casos, la función del representante está viciada por alguna incapacidad actual o pasada, por un acto de inmoralidad o simplemente por torpeza. Se supone que el legislador asume su cargo luego de ser votado por alguien que ha pensado que éste tiene convicciones inteligentes y firmes en su rumbo de pensamiento, de acuerdo a lo que ha dicho o hecho antes de ser elegido.

En el caso de la privatización de las empresas estatales durante los años '90, algunos electores se sintieron defraudados por los legisladores que los representaban al sumarse a aquella ola privatista, lo que luego fue legitimado por el voto popular, en lo que se puede interpretar como que aquella actitud, antes denostada, luego fuera la correcta.

En esta oportunidad, la situación es inversa, con la salvedad de que los senadores que se presentaron como opositores inicialmente, luego, apoyaron la corriente oficialista, logrando una mayoría de 63 votos para la aprobación del proyecto enviado desde la Casa Rosada, sólo 3 votos en contra y 4 abstenciones.

 

La Culpa

En derecho, se establece que una condena es mayor cuando el culpable entiende previamente el daño y las consecuencias de sus actos. Si aplicamos esto a la conducta de los senadores que hablaron sobre las infamias, inequidades y perjuicios posteriores que acarrearía la aprobación de este proyecto y una vez dicho a viva voz, su voto resultó positivo o en una abstención, la condena social y política contra ellos debería ser la máxima, ya que está plasmando en una ley todos los perjuicios que mencionó.

Este comportamiento no es hipotético, fue visto durante algunos días de la semana pasada, hasta el punto de comparar discursos, y llegar a pensar que existiría una minoría importante de senadores que podrían mejorar el proyecto original.

Cabe destacar la no justificación del Senador y ex presidente Menem, quien advirtió: "Me van a dar con un caño, pero voy a votar a favor de la estatización"... Insólito como otros.

 

El resultado fue devastador, ya que está a la vista que no hubo disidencias. Los bloque de senadores UCR y FAP se unieron a la mayoría en contra de una minoría compuesta por los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso de San Luis y Juan Carlos Romero de Salta.

 

La Ilusión

Existe la idea bastante generalizada de que la empresa YPF tiene que quedar en manos del estado por razones de índole dogmática. Algunos argumentos indican que "YPF es nuestra empresa de bandera", que "YPF es parte de la historia", que "nació como una dirección nacional y debe seguir en el ámbito del estado" y, entre otras, que "recuperar YPF es mantener la soberanía".

Resulta claro que las razones explicadas en el Senado por los miembros informantes no satisfacen la necesidad de las razones que algunos necesitamos para entender acabadamente la expropiación de parte de las acciones de la sociedad anónima, ni de los motivos por los cuales esta empresa tiene que ser administrada por funcionarios.

Existe una ilusión generalizada de que una empresa del estado nacional es propiedad de los ciudadanos y que su producto va a gozar de algún beneficio que puede reflejarse en el precio de lo producido.

Si revisamos la historia, vamos a descubrir que un teléfono de ENTel, no solo era carísimo, sino que estaba reservado al privilegio de unos pocos y, aún cuando cualquier propietario estaba dispuesto a pagar miles de dólares por una línea, no resultaba viable si no se tenía algún contacto dentro de la empresa. Cabe recordar que era común la falta de mantenimiento de los relays que se trababan y la línea quedaba conectada con otra o se ligaban conversaciones a menudo; siendo muy difícil ser atendido por un servicio de reparaciones que demoraba horas en atender y días o semanas en realizar alguna reparación. En ese caso, la empresa en manos del estado nacional era un coto de caza de algún grupo de funcionarios que administraba para sí ese patrimonio, entonces estatal.

Luego del fracasado plan MegaTel, que consistía en instalar un millón de líneas telefónicas mediante una suerte de plan de ahorro previo administrado por funcionarios de la misma empresa, quedó claro que esta no era capaz de cumplir con los lineamiento mínimos del plan trazado y esos, y otros varios millones de líneas telefónicas, fueron instaladas recién cuando el sistema pasó a ser administrado por empresarios, ya con un sistema privado.

El caso de una telefónica estatal es el más claro ejemplo de la ineficiencia de los funcionarios administrando una empresa, ya que la percepción de resultados es inmediata por parte del público. Así, podemos citar todas las empresas de servicios públicos administradas por funcionarios dependientes un gobierno de turno.

La experiencia más reciente de una empresa estatal dedicada a prestar un servicio público es la de Aerolíneas Argentinas - Austral; no precisamente por la ineficiencia en el servicio final sino por la incapacidad en la administración empresaria. Dado que la primordial característica de una línea aérea es la seguridad, y que esta se rige por estándares muy definidos, ejecutados por profesionales específicos, no es factible que algún funcionario quiebre la seguridad del vuelo, pero en lo que hace a la cuestión administrativa y financiera; que una empresa nos cueste sostenidamente entre 800 y 1.000 millones anuales para seguir subsistiendo es un crimen que sólo puede entenderse por el fracaso inevitable que implica colocar un funcionario en el lugar que debería ocupar un empresario.

 

Con la ilusión de que el estado nacional sea quien maneje los destinos de la actividad privada, los recursos que se desvían para sostener una burocracia necesariamente corrupta van a terminar con la ilusión de tener un pueblo educado, sano, próspero y por añadidura, feliz.

 

 

 

 

 

 

Gustavo P. Forgione
gustavo@forgione.com.ar
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