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Desde
estas letras, resulta difícil explicar el motivo que puede llevar a un
legislador al hecho de apoyar la privatización de una empresa estatal y luego de algunos
años, explicar el proceso inverso, con la misma cara de importancia que lo hizo
al principio.
Más
difícil aún, resulta creerle a los representantes que lo hacen desde sus bancas,
cuando de sus argumentos se rescatan las frases "momento histórico", "misión
patriótica" y otras, como "lo hago por mis convicciones"... todas
ellas expresadas con el mismo énfasis en situaciones opuestas.
Tratando de buscar alguna razón válida que nos haga entender objetivamente los
reales motivos de lo que, inicialmente parece una incoherencia inaceptable, un
discernimiento "casi científico" nos indicará que existe un poder de
convencimiento muy eficaz de parte del poder ejecutivo del momento en que se
trate cada tema, sin importar el fondo de estos.
Ese
convencimiento puede hacerse valer por varias motivaciones que van, desde el
descubrimiento de nuevas razones que antes ignoraba, por la conveniencia
oportuna dentro de una coyuntura dada, por el cambio de la corriente intelectual
que algunos definen como paradigma, por la simple razón de que el legislador
sigue los lineamientos ordenados desde el otro poder o porque éste se hace
partícipe de algún beneficio personal al vender su decisión
 al mejor postor.
En
cualquiera de los casos, la función del representante está viciada por alguna
incapacidad actual o pasada, por un acto de inmoralidad o simplemente por
torpeza. Se supone que el legislador asume su cargo luego de ser votado por
alguien que ha pensado que éste tiene convicciones inteligentes y firmes en su
rumbo de pensamiento, de acuerdo a lo que ha dicho o hecho antes de ser elegido.
En el
caso de la privatización de las empresas estatales durante los años '90, algunos
electores se sintieron defraudados por los legisladores que los representaban al
sumarse a aquella ola privatista, lo que luego fue legitimado por el voto
popular, en lo que se puede interpretar como que aquella actitud, antes
denostada, luego fuera la correcta.
En
esta oportunidad, la situación es inversa, con la salvedad de que los senadores
que se presentaron como opositores inicialmente, luego, apoyaron la corriente
oficialista, logrando una mayoría de 63 votos para la aprobación del proyecto
enviado desde la Casa Rosada, sólo 3 votos en contra y 4 abstenciones.
La Culpa
En
derecho, se establece que una condena es mayor cuando el culpable entiende previamente
el daño y las consecuencias de sus actos. Si aplicamos esto a la conducta de los senadores
que hablaron sobre las infamias, inequidades y perjuicios posteriores que
acarrearía la aprobación de este proyecto y una vez dicho a viva voz, su voto
resultó positivo o en una abstención, la condena social y política contra ellos
debería ser la máxima, ya que está plasmando en una ley todos los perjuicios que
mencionó.
Este
comportamiento no es hipotético, fue visto durante algunos días de la semana
pasada,
hasta el punto de comparar discursos, y llegar a pensar que existiría una
minoría importante de senadores que podrían mejorar el proyecto original.
Cabe
destacar la no justificación del Senador y ex presidente Menem, quien advirtió:
"Me van a dar con un caño, pero voy a votar a favor de la estatización"...
Insólito como otros.
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El
resultado fue devastador, ya que está a la vista que no hubo disidencias. Los
bloque de senadores UCR y FAP se unieron a la mayoría en contra de una minoría
compuesta por los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso de
San Luis y Juan Carlos Romero de Salta.
La Ilusión
Existe
la idea bastante generalizada de que la empresa YPF tiene que quedar en manos
del estado por razones de índole dogmática. Algunos argumentos indican que "YPF
es nuestra empresa de bandera", que "YPF es parte de la historia", que
"nació
como una dirección nacional y debe seguir en el ámbito del estado" y, entre
otras, que "recuperar YPF es mantener la soberanía".
Resulta claro que las razones explicadas en el Senado por los miembros
informantes no satisfacen la necesidad de las razones que algunos necesitamos para
entender acabadamente la expropiación de parte de las acciones de la sociedad
anónima, ni de los motivos por los cuales esta empresa tiene que ser
administrada por funcionarios.
Existe
una ilusión generalizada de que una empresa del estado nacional es propiedad de
los ciudadanos y que su producto va a gozar de algún beneficio que puede
reflejarse en el precio de lo producido.
Si
revisamos la historia, vamos a descubrir que un teléfono de ENTel, no solo era
carísimo, sino que estaba reservado al privilegio de unos pocos y, aún cuando
cualquier propietario estaba dispuesto a pagar miles de dólares por una línea,
no resultaba viable si no se tenía algún contacto dentro de la empresa. Cabe
recordar que era común la falta de mantenimiento de los relays que se trababan y
la línea quedaba conectada con otra o se ligaban conversaciones a menudo; siendo
muy difícil ser atendido por un servicio de reparaciones que demoraba horas en
atender y días o semanas en realizar alguna reparación. En ese caso, la empresa
en manos del estado nacional era un coto de caza de algún grupo de funcionarios
que administraba para sí ese patrimonio, entonces estatal.
Luego
del fracasado plan MegaTel, que consistía en instalar un millón de líneas
telefónicas mediante una suerte de plan de ahorro previo administrado por
funcionarios de la misma empresa, quedó claro que esta no era capaz de cumplir
con los lineamiento mínimos del plan trazado y esos, y otros varios millones de
líneas telefónicas, fueron instaladas recién cuando el sistema pasó a
ser administrado por empresarios, ya con un sistema privado.
El
caso de una telefónica estatal es el más claro ejemplo de la ineficiencia de los
funcionarios administrando una empresa, ya que la percepción de resultados es
inmediata por parte del público. Así, podemos citar todas las empresas de
servicios públicos administradas por funcionarios dependientes un gobierno de
turno.
La
experiencia más reciente de una empresa estatal dedicada a prestar un servicio
público es la de Aerolíneas Argentinas - Austral; no precisamente por la
ineficiencia en el servicio final sino por la incapacidad en la administración
empresaria. Dado que la primordial característica de una línea aérea es la
seguridad, y que esta se rige por estándares muy definidos, ejecutados por
profesionales específicos, no es factible que algún funcionario quiebre la
seguridad del vuelo, pero en lo que hace a la cuestión administrativa y
financiera; que una empresa nos cueste sostenidamente entre 800 y 1.000 millones
anuales para seguir subsistiendo es un crimen que sólo puede entenderse por el
fracaso inevitable que implica colocar un funcionario en el lugar que
debería ocupar un empresario.
Con la
ilusión de que el estado nacional sea quien maneje los destinos de la actividad
privada, los recursos que se desvían para sostener una burocracia necesariamente
corrupta van a terminar con la ilusión de tener un pueblo educado, sano,
próspero y por añadidura, feliz.
Gustavo
P. Forgione
gustavo@forgione.com.ar
Director
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