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Bandera Argentina


Año 11 - Número 124

República Argentina, 7 de Mayo de 2009.

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Sumario:

La A.N.Se.S. - El nuevo Banco Central - Por Gustavo P. Forgione



La A.N.Se.S.

El nuevo Banco Central

Desde que usurpó los fondos jubilatorios privados se convirtió en prestamista de última instancia.

Por Gustavo P. Forgione

La primitiva función del Banco Central de la República Argentina fue la de ser el agente financiero del estado pero, a partir de la coyuntura que vivimos desde que fueron sustraídos los ahorros de los futuros jubilados, este banco se convirtió exclusivamente en un ente regulador del valor de la moneda.

Esto podría configurar una exageración, pero las circunstancias surgidas desde el temerario traspaso de fondos hicieron que la A.N.Se.S. se convierta en un prestamista del estado nacional, no solo de última instancia, sino de cualquier instancia, ocurrencia, eventualidad o forma, ya que carece de controles en sus operaciones como si los posee el Banco Central, las entidades financieras ordinarias, los mercados autorregulados y los fondos de inversión de todo tipo.

Sucede que al momento de la estatización de los ahorros privados, otrora atesorados en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, más el total de la recaudación previsional que mes a mes acrecienta las arcas de este nuevo megaorganismo financiero; aquella perversa Ley olvidó otorgarle un marco regulatorio que ordene al funcionario de turno el modo y la circunstancia en que deba operar estos fondos.

 

Organismo licencioso

Hoy, tenemos funcionarios con sueldos millonarios ocupando los sillones de directorio de las sociedades comerciales cuyas acciones conforman el tesoro de la A.N.Se.S. Ello, de por sí, es una licencia de la que se sirve este organismo, de la que no gozan los fondos de inversión; puesto que, estos pobres, deben acatar la Ley de Fondos Comunes de Inversión, que no permite el control de las sociedades cuyas acciones forman parte del fondo administrado, por más allá del 5% de su patrimonio; obviamente esto no ocurre con los fondos de la A.N.Se.S.

Asimismo, entre muchas de las cláusulas que deben cumplir los fondos ordinarios, la cartera debe ser conformada por determinados porcentajes mínimos y máximos que hacen que los fondos diversifiquen su inversión para evitar eventuales inestabilidades; esta "precaución de seguridad" no existe para los nuevos fondos de la administración encargada de la "seguridad social".

Entre muchas más cuestiones, las entidades financieras mantienen encajes al prestar, deben cumplir con requisitos patrimoniales y controles varios. La nueva A.N.Se.S. puede prestar a "troche y moche" y a quien se le antoje, incluido el Estado Nacional, sin otro requisito que el de asentar en algún balance los movimientos que realice a discreción de un "elegido" funcionario.

Esta licencia, otorgada, nada más ni nada menos, que a una entidad que maneja miles de millones sin el control adecuado, fortuna superior a la que conforma el Tesoro Nacional e inmensamente mayor que la masa total de depósitos de los ciudadanos en los bancos, configura una ligereza de este nuevo sistema que se asemeja más a una conducta licenciosa de Estado, coautor de las medidas arbitrarias que tome el funcionario licencioso.

 

Seguridad no Social

Los dineros manoseados por quien gestiona su administración no van a parar a los bolsillos de los jubilados actuales, como versaba la millonaria publicidad estatal que tenía por objeto convencernos y hacer partícipe del atraco a la mayoría de los ciudadanos. ¡Todo lo contrario!...

Se destinaron, en grandes números, más de 3.000 millones a la compra de automóviles cero kilómetro, alrededor de 700 millones para la compra de taxis, casi 4.000 millones para electrodomésticos, etc. etc; los que podrían ayudar a mejorar la vida de los jubilados, si no fuera por el detalle de que más del 70% de los jubilados no tiene la edad mínima exigida por el seguro para obtener créditos de estas características.

Bajo este aspecto, la promesa que nos costó varios millones en publicidad oficial, fue un rotundo fracaso como tantas otras promesas que nos acostumbramos a escuchar durante estos años.

La conquista del sistema financiero es una parte de la "trastienda" creada por la Ley 26.425 que instauró el poco nombrado S.I.P.A., que viene a administrar la A.N.Se.S; a ello hay que sumarle los desembolsos de las arcas de este nuevo "Tesoro" de jubilaciones para cubrir déficit, gastos, financiación y otras cuestiones del gobierno como el destino de más de 4.000 millones para el ferrocarril Sarmiento, casi 6.000 millones destinados a energía, algunos cientos a la empresa estatal de aguas, 3.000 millones para algunas PyMEs, 1.700 millones para algún sector del agro, 1.250 millones para industriales y 10.900 millones para constructoras enroladas en un Megaplan de Obras Públicas.

 

¿Y los jubilados?

Los aproximadamente 35.000 millones, detallados a grandes rasgos, encarnan la dilapidación manifiesta de los fondos que iban a ser destinados a incrementar los haberes jubilatorios actuales y las jubilaciones futuras...

Resulta evidente que los jubilados no podrán gozar de esos beneficios que si son gozados por otros, porque estos montos ya fueron arrasados.

Por supuesto que las cuentas no cierran allí. Este nuevo prestamista del estado nacional se comprometió a financiar parte del presupuesto nacional de este año y destinará 6853 millones a energía, 4.600 a obras públicas y 1.700 a trasportes; todo ello costeado por los aportantes.

 

El nuevo Banco Central de este Gobierno

La A.N.Se.S. financiará al Tesoro con alrededor de 18.000 millones nuevos en 2009 mediante algún empréstito, bono o letra, que en definitiva solo son "números rojos del Estado" que éste gobierno no acostumbra a devolver.

No satisfecho en su voracidad, los vencimien-tos del Tesoro para este año con la A.N.Se.S. ascienden a casi 20.000 millones, los que serán prorrogados... en buen romance, ¡no pagados!

Así, el gobierno utilizará, este año, casi 38.000 millones que no le pertenecen, a fin de sub-sanar las falencias de su administración que lo único que nos suministra es más déficit.

El panorama en materia de finanzas públicas se encuentra diezmado; el Banco Central solo es una gran casa de cambio; y, quien asumió las funciones de solventar el déficit del gobierno es quien debería pagar jubilaciones.

Esto ocurre porque la A.N.Se.S. está absorbiendo las funciones del sistema financiero, algo que nos costará carísimo en el corto plazo; los únicos beneficiarios del seguro cataclismo serán los que reciban esos miles de millones en algún tipo de préstamo y una legión de "funcionarios amigos" que vestirán corbata para ocupar los sillones de directorio de inmobiliarias, su-permercados, fábri-cas de fideos y toda otra parte del botín de acciones que ha-ce muy poco tiempo eran propiedad de los futuros jubilados.

 

Hace falta más control

Lamentablemente, hubiera sido muy conveniente para el erario que, ante la falta de un reglamento de administración de los fondos apropiados, la A.N.Se.S. utilice como instrucción supletoria la vigente para los Fondos Comunes de Inversión, las entidades financieras u otra que, si la ley hubiera sido proyectada con tiempo, podría haber figurado en su texto.

Como ello no ocurrió, seguramente debido a la necesidad urgente de aprovechar la histórica oportunidad de "juntar los votos necesarios" de los legisladores que ayudaron a perpetrar esta norma; la Ley salió como estaba planeada; sin control del nuevo superorganismo y con ello, la impunidad asegurada, plasmada en lo que debería ser un instrumento para la sociedad: La Ley.

 

¡A controlar!

Se hace necesario paralizar esta real depredación pronosticada desde todos los ámbitos y que tanto nos ocupó en La Hoja Federal desde 2003. Para ello se deberá constituir de inmediato la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social estipulada en el artículo 11 de la poco digna Ley 26.425; asimismo, que se formalice el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del denominado S.I.P.A., establecido en esta misma Ley, en su artículo 12; y que se tengan por nulas todas las manipulaciones que realicen los funcionarios con los dineros públicos, desde organismos que carezcan de un método claramente establecido; las que serán válidas solo cuando exista un reglamento, procedimiento y contralor.

Será muy dura la función de quienes queremos asumir la representación popular en el Congreso por los próximos años, y conllevará la responsabilidad de devolver a los ciudadanos la dignidad popular que estamos perdiendo como sociedad.

 

 

Gustavo P. Forgione

 

 

 

 

 

 

Gustavo P. Forgione
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