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Resulta
curioso que al momento de presentar esta edición, el precio de un pasaje de
avión por Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro se
ofrezca a AR $ 3.558.- más impuestos.
Esto no
debería llamar la atención, ya que es lo que normalmente cuesta trasladarse por
aire entre estas ciudades.
Hace tan
sólo una semana, para realizar un vuelo y cumplir con el sueño de estar en el
estadio Maracaná de Río de Janeiro para ver a la selección argentina de fútbol
jugar el último partido del campeonato mundial, se ofrecía a una tarifa de más
de 30.000 pesos argentinos, en honor a la escasa oferta y a la excesiva demanda,
leyes que en un sistema de mercado libre indicarían que existe una deficiencia
notable de plazas disponibles y una fiebre desmedida por parte del público
demandante.
Un estado cada vez más
ausente
En un
sistema político civilizado, existen organismos de control que evitan los
altibajos de precios, que no permiten el abuso de las empresas comerciales sobre
los consumidores y las autoridades de transportes toman la previsión para
habilitar eventuales rutas para que un pico de demanda sea satisfecho por los operadores a
precios razonables.
Es
evidente que esto no existió en nuestro estado ausente en todos los rubros. Sólo
observamos como un grupo de jóvenes que explota el patrimonio estatal adquirido
recientemente por el estado para su beneficio personal, armó una estrategia para
sacar más provecho aún del que está realizando desde que el gobierno le dio a
manejar una línea aérea y todo el sistema de transporte aerocomercial.
Para
entender lo ocurrido cabe observar que el costo de la ruta aérea entre Buenos Aires
y Río de Janeiro es similar al de la ruta a Río Grande o Ushuaia, y totalmente
idéntico al de la misma ruta, fuera de la época de la final del campeonato
mundial de fútbol, por lo cual, no existe razón de costos para que una empresa,
cualquiera fuese, cobre un pasaje varias veces superior al establecido; sólo se trató de un
abuso de posición dominante de un grupo empresario por sobre el resto de las
empresas y, puniblemente, por sobre los consumidores.
Esta
situación, que en una economía seria merecería la condena de las autoridades; en
nuestro país, el gobierno la adoptó como válida y defendible, sin que ello
merezca la más mínima vergüenza.
Cuando el
grupo que administra el gobierno expropió para sí la línea aérea que ahora se
presenta como estatal, argumentó que "esta empresa debería ser de todo el pueblo", que
"ahora sí sería argentina", que "no podía dejarse en manos privadas un
recurso estratégico nacional" y muchos más argumentos que poco tienen que
ver con la realidad pero que intentaron hacerle creer a la gente que "la nueva
aerolínea cumpliría con un fin social", pero que sólo sirvieron para justificar
los miles
de millones de dólares de erogaciones del erario, aunque ello no signifique un
beneficio real, más allá de los pobres discursos.
Falló el control
Claramente,
la ausencia del estado en el control de las tarifas, implica una falta gravísima
que trae como consecuencia el abuso dominante. Desde la empresa justificaron el
fraude, aduciendo que no se trataba de vuelos regulares, sino de charters; lo
que resulta sólo una excusa, ya que los pasajes fueron vendidos por la
empresa estatal, los pasajeros fueron despachados desde las terminales
destinadas a Aerolíneas Argentinas y Austral, el personal era el mismo, los colores de las
aeronaves son los mismos y la línea madre del grupo y toda la
infraestructura utilizada es la de esta empresa que se disfraza de estatal, pero
se comporta como una empresa privada sin control de los organismos que deberían
ser, en algún momento, competentes.
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La falta
de previsión de las autoridades de transporte aerocomercial, radica en que no se
previó que el equipo seleccionado de Argentina jugaría los últimos partidos,
algo que podía parecer remoto para algunos, pero que estaba dentro de las
posibilidades; de hecho, ocurrió y Argentina jugó el último partido. Esto, que
parecería una distracción, implica la inacción de centenas de funcionarios que
cobran su sueldo para prever situaciones como estas, acordar con las líneas
aéreas la eventualidad de cubrir las rutas insatisfechas y no comprometer los
vuelos regulares locales.
Para
cumplir con su cometido de vender pasajes a precios hasta diez veces superiores,
Aerolíneas Argentinas y Austral, las dos líneas aéreas del grupo dominado por
éste grupo de jóvenes otrora idealistas, canceló vuelos a Resistencia, Rosario,
Santa Fe, Mendoza, San Martín de los Andes, Tucumán, Salta, Ushuaia y El
Calafate, como mínimo.
Si fuera
cierto que este monstruo estatal quisiera cumplir con un servicio eficiente, no
habría realizado maniobras comerciales en detrimento de un servicio público y un
flagrante abuso del patrimonio estatal para aprovecharse de los consumidores.
El problema Aerolíneas
Estatales Argentinas
La
cuestión Aerolíneas Argentinas está dando que hablar demasiado; si no es porque
sus balances son un desastre de imposible interpretación contable, ya que no soporta una
mínima auditoría; o por el abuso de posición dominante en forma permanente, o por el
embate contra las empresas privadas que encuentran difícil competir contra un
ariete del gobierno; en otras oportunidades, porque mantenía arrumbados en
aeropuertos a varios aviones por los cuales pagaba leasing, porque no cuidaba el
patrimonio que el estado le confió, porque alojaba demasiado personal en los
hoteles del matrimonio presidencial; y ahora, porque se comporta como un
comerciante de barrio al que le quedaron los últimos artículos de moda y abusa
exageradamente en la remarcación de sus precios o, peor aún, el que compra
entradas a un partido de fútbol, para revenderlas luego a un precio excesivo.
Resulta
raro que, durante un año, tuvimos que escuchar desde el gobierno, un discurso
que indicaba que "quien compra barato para vender por el valor real es un buitre",
alguien maldito al que debemos odiar y a quien no se le debe cumplir la palabra
empleada, y más aún, la escrita hace pocos años. Este discurso de barricada, sólo
utilizable cuando se quiere torcer la realidad en beneficio propio, cae cuando
el gobierno utiliza su aparato para comportarse de forma más grosera que la de
un buitre que tiene por modo de vida el aprovechamiento de la carroña.
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