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Argentina


Año 18  Número 163

República Argentina, 30 de Marzo de 2016

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Uno de los poderes del estado no está a la altura del sentido común
Justicia mal entendida
El funcionamiento pleno de la república necesita responsabilidad
Por Gustavo P. Forgione

Por estos días vivimos momentos de cambios, algunos graduales, otros drásticos.

Vemos que el Congreso Nacional volvió a elaborar proyectos de su seno y, mejor aún, retornó la costumbre de debatir y modificar las propuestas del Poder Ejecutivo; algo que no observábamos desde hace demasiados años y que confirma el retorno a un sistema republicano honrado.

Claramente, la política es ejecutada por personas y, eventualmente, podemos ver una exacerbación de protagonismos que resultan vergonzosos por parte de algunos personajes que quieren hacerse notar o demostrar su poder opositor u oficialista, tanto en los exaltados debates parlamentarios, como en las opiniones frente al encandilamiento de un estudio de televisión.

Estas conductas, por parte de legisladores o altos funcionarios del Poder Ejecutivo, como mucho, pueden producir vergüenza ajena y bochorno en los ciudadanos, siempre que la idea errónea de la importancia de quien detenta un extremo individualismo, no afecte la función pública o la representación a la que se debe, ya que, de persistir en la exageración, provocaría más crispación e ira, que bochorno.

 

Independencia de poderes

Otra recuperación que se observa en las instituciones, más allá de la rehabilitación de la facultad legislativa del Congreso, es la no intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones de la justicia. El contexto actual dejó en evidencia que, en general, los magistrados y fiscales del Poder Judicial no tienen la capacidad de resolver cuestiones simples ni de impartir justicia.

Salvo honrosas excepciones, quines deben despejar dudas sobre hechos criminales e indicar responsabilidades o culpas lo hacen tarde, mal o no lo hacen, sembrando incertidumbre en los ciudadanos a los que deberían servir.

 

Las manos de Nisman

Para citar casos concretos, existen algunos que se presentan como ejemplares; el más grave es el caso del homicidio del Fiscal Alberto Nisman, el cual, probado que el asesinado no disparó su arma, la fiscal se aferró a la hipótesis más inverosímil como es el suicidio.


Tras lamentarse públicamente por no haber encontrado vestigios de pólvora en las manos del fallecido, la fiscal Fein repitió las pruebas hasta el hartazgo. Ordenó que lleven el arma a un laboratorio, ya no para dilucidar el motivo por el cual el arma homicida no tenía ninguna huella dactilar, ni del homicida ni del suicida, sino para probar que existía la posibilidad de que el arma en cuestión podía no dejar rastros de las substancias que dejan las armas en las manos de quien las dispara. Esto no ocurrió, y en todos los experimentos, el arma dejó vestigios claros.

Es evidente que la fiscal no quiso dilucidar ninguna duda, sino que puso durante más de un año toda la burocracia a su cargo, con el sólo fin de probar la hipótesis más inverosímil, ante una escena del crimen contaminada por varias decenas de visitantes innecesarios.

Será responsabilidad del mismo aparato judicial al que pertenece la fiscal, averiguar qué motivó a la Dra. Fein a sustentar tal presunción como válida y decidir el escarmiento para tal dolo; pero se presume imposible que esos magistrados puedan averiguar el objeto de la obsesión inadmisible de la inhábil fiscal, si no supieron advertir, durante más de un año, que nadie puede suicidarse si es otro el que le dispara le y luego del asesinato limpia las huellas digitales del arma.

 

Las manos de Xipolitakis

Un caso menos grave pero mucho más burlesco que el asesinato del fiscal Nisman, es el que, con notable celeridad, está por ir a juicio oral; es la causa contra la vedette Victoria Xipolitakis, quien ya fue advertida de que, por sus acciones, éste Poder Judicial le trabó embrago monetario y podría condenarla a ocho años de prisión.

Resulta obvio que cuando alguien ingresa a un avión, queda bajo las órdenes del comandante, quien es la autoridad a bordo; facultad heredada del derecho marítimo, en el cual, el capitán de un buque puede casar, divorciar, encarcelar y aplicar penas a los pasajeros que no acaten sus directivas.

Pareciera que para el caso de la vedette, la carga de la prueba se invirtió; ya que la acusación es de acuerdo a la figura del “pasajero disruptivo” pero, en este caso, se trató de todo lo contrario.

Resulta que “pasajero disruptivo es aquél que adopta conductas alteradas, violentas o revoltosas que interfieren en las obligaciones y funciones de la tripulación, y perturba la tranquilidad de los otros pasajeros, y que desde el punto de vista psicológico, pueden ser portadoras de una personalidad normal o anormal".

Para cualquiera que haya visto el video que la vedette hizo público, queda demasiado claro que el único “alterado” en esa escena era el comandante que, seguramente embriagado por la secreción de hormonas, había perdido el control, el decoro y el sentido de responsabilidad de su cargo.

La invitación para que un pasajero permanezca en la cabina no es una falta, y es relativamente frecuente, ya que, si se cumple con el protocolo de seguridad que implica que durante las operaciones de despegue y aterrizaje, bajo la altura de seguridad, los únicos diálogos deben ser los relativos a esas operaciones, lo que se llama “cabina estéril”, pudiendo relajarse sólo cuando el vuelo es seguro. En todos los casos, la responsabilidad de que ese ambiente de seguridad operacional se quiebre, es del comandante; bajo ningún caso, la responsabilidad de un descuido puede atribuirse a un pasajero invitado.

La causa judicial contra Xipolitakis resulta más grotesca aún que la conducta del comandante y la pasividad del copiloto ante semejante falta. Para un funcionario judicial las cuestiones de la “farándula” deberían ser irrelevantes, pero esto es algo que demasiados jueces ignoran.

El sólo hecho de que un magistrado distraiga tanto el derecho como para inculpar a terceros, en vez de encargarse de una cuestión resuelta por flagrancia, deja claro el motivo por el cual las causas que realmente merecen ser investigadas, no encuentren solución.

 

Las manos de la justicia

Llama la atención que, por estos días, se estén desempolvando expedientes judiciales de los que descansaron durante tiempos exorbitantes en los estantes de los tribunales. Existe el dicho que indica que “un crimen puede resolverse con los datos obtenidos en las primeras horas de descubierto”, no obstante, cabe recordar el trágico caso Fraticelli; trágico por su resolución errónea inicialmente, que arruinó la vida de una familia, al punto de provocar el suicidio de la madre de la niña fallecida, y trágico por el fracaso rotundo de la administración y aplicación de justicia de una forma inconcebible.

Otro caso curioso es el homicidio de Nora Dalmasso en la localidad de Río Cuarto hace diez años, la cual, sin existir hechos nuevos ni pruebas que no hayan podido ser recabadas inmediatamente, ahora se reactivó mágicamente.

Respecto de las causas de corrupción, vemos como el aparato judicial sobrepasó todos los límites cronológicos; ya no sólo por lo ocurrido durante la presidencia de Cristina Fernández, sino por una anterior, que despertó sorprendentemente luego de adormecer desde 2007, con algún bostezo frívolo en cada campaña electoral, como es el caso de la financiación de la campaña electoral del Frente para la Victoria con lavado de dinero proveniente de actos ilícitos.

Cabe destacar que la justicia de Brasil está investigando un causa idéntica, que puede concluir con la disolución de la fórmula presidencial de Dilma Rousseff, dar por nula su presidencia y dejar en manos del presidente de la Cámara de Diputados, quien deberá llamar a elecciones en 90 días. Todo ello, en honor a la justicia.

En Argentina, la justicia olvidó estudiar el caso similar desde 2007, al punto de permitir dos elecciones presidenciales y cuatro elecciones de representantes. Todo ello, en honor a alguna parcialidad.

 

Seguramente aparecerán causas nuevas y despertarán otras que disfrutaron de sus sueños, pero sólo prevalecerá el derecho cuando el Poder Judicial actúe a la altura del sentido común, de la decencia y sienta vergüenza de sus miembros cómplices, cobardes o incompetentes.

 

 

 

 

 

 

Gustavo P. Forgione
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